Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo ante COVID-19

El COVID-19 tiene un impacto directo en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo según lo establecido por UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) debido al distanciamiento social que viene sucediendo por el COVID-19, se ha dificultado el acceso a sistemas seguros de inteligencia contra el lavado de dinero, menguando las capacidades para la detección y seguimiento de casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En un escenario donde especialistas en la prevención de lavado de activos trabajan de manera remota y considerando las jurisdicciones donde es difícil acceder a un sistema seguro de forma remota, se traduce rápidamente en una disminución de la capacidad de recopilar, procesar, analizar o evaluar posibles prácticas criminales.

En esta nueva situación se establece que el lavado de activos es un facilitador central de la delincuencia organizada relacionada con COVID-19. Incluyendo prácticas de: 

  • Compra de equipos médicos y medicamentos genuinos obtenidos de manera fraudulenta. 
  • No entrega del equipo anunciado 
  • Redirección, intersección y mal uso del sistema de caridad 
  • Recolección fraudulenta de fondos que forman parte de los esfuerzos de ayuda económica y de salud pública.  

A su vez, el GAFILAT (Grupo de acción financiera de Latinoamérica) identificó algunos fenómenos que pueden traducirse en riesgos durante la pandemia por COVID-19.  

Algunos de ellos son el aumento de fraudes financieros y estafas, el tráfico de medicamentos falsificados y la oferta de inversiones fraudulentas aprovechando la incertidumbre económica. Asimismo, dada la alta demanda de insumos para manejar el problema sanitario, se prevén esquemas asociados al tráfico ilícito de dicha mercadería. La adulteración de esos insumos, la venta sin los estándares requeridos por el sistema de salud, son algunos de los nuevos escenarios.  

También se prevé un posible repunte en delitos relacionados con corrupción, dado que el Estado debe destinar grandes sumas de dinero para la adquisición de insumos que requiere el sector salud para afrontar la pandemia, por la necesidad y urgencia que tiene, los procedimientos se flexibilizan, lo que supone un mayor riesgo de corrupción. 

El tercer punto relevante es el aumento sustancial de operaciones financieras remotas o no presenciales y compra de productos y servicios por medios electrónicos o en línea, lo cual puede ser aprovechado por delincuentes para realizar delitos cibernéticos.  

Asimismo, debido a las necesidades económicas de la población y la falta de empleo formal e informal, producto de la inactividad económica generada por la crisis sanitaria, las organizaciones criminales podrían estar aumentando el reclutamiento de personas para apoyarlas en la ejecución de sus actividades criminales que generan recursos susceptibles a ser lavados.  

Por tanto urge adecuar los procedimientos a la nueva realidad buscando comprometer la causa de la prevención como primer estandarte de lucha, comprendiendo que los sistemas de prevención del lavado deben ser dinámicos e integradores de las situaciones.  

También es recomendable considerar el riesgo interno de las empresas ya que muchas tienen su personal trabajando en forma remota, perdiendo el control directo sobre ellos, el conocimiento de rutinas, de hábitos, incluso de como generan sus ingresos y cómo se condicen con su estilo de vida. Comprender que hasta sus propios empleados corren mayores riesgos en este contexto, pudiendo ser utilizados o inducidos dada su propia posición en la empresa a flexibilizar controles, facilitar información, etc. facilitando consciente o inconscientemente el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 

Dr. Gonzalo Curbelo - Asistente de Cumplimiento